Después de publicar un reportaje en el diario Folha de São Paulo acerca de las propiedades de la Iglesia Universal, la periodista Elvira Lobato fue objeto con cientos de demandas de creyentes en distintos puntos del país, transformando su vida en una carrera interminable para defenderse en los tribunales.
El emblemático caso ocurrió hace más de 15 años, pero en el Brasil actual, publicar artículos o simplemente difundir información en redes sociales puede generar inconvenientes inimaginables para un ciudadano común. Es lo que le ocurrió en 2022 a un profesor de historia del interior de São Paulo: tras discutir en la entonces red social Twitter con un médico que defendía el tratamiento precoz de los enfermos de COVID-19, descubrió que estaba siendo demandado.
Para hacer frente a la situación, el profesor recurrió a Tornavoz, una asociación que busca garantizar una defensa jurídica especializada a quienes sufren amenazas o demandas como consecuencia del ejercicio de su libertad de pensamiento y expresión. «Tornavoz tiene el objetivo de financiar la defensa de quienes ven amenazada o coartada de algún modo su libertad de expresión. No es solo una sensación, las investigaciones demuestran que este tipo de ataques ha aumentado mucho», afirma uno de los fundadores del proyecto, la abogada Taís Gasparian.
De acuerdo con un informe elaborado por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), en 2021 se registraron 453 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Según los datos analizados, en el 69% de los casos la agresión fue provocada por un agente del Estado. Solo el expresidente Jair Bolsonaro (PL) había atacado a la prensa 89 veces ese año, lo que representó el 19,6% de los ataques.
Otro documento, elaborado por la Asociación Brasileña de Radiodifusoras y Televisoras (ABERT) reveló que, en 2021, se reportaron 145 casos de violencia no letal contra profesionales y medios y 29 decisiones judiciales que involucran a la prensa.
El aumento de las agresiones a la prensa ha llevado a Brasil a la llamada «zona roja» en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF), cayendo de la 107ª posición a la 111ª. Desde 2002, cuando RSF empezó a publicar investigaciones sobre las condiciones para ejercer el periodismo en 180 países, fue la peor posición de Brasil, junto a países como Bolivia, Nicaragua, Rusia, Filipinas, India y Turquía.
Tornavoz surgió después de que Taís Gasparian se diera cuenta de que numerosos medios de comunicación y ciudadanos acaban cediendo a órdenes judiciales, intimidados por la presión de las demandas, porque desconocen los plazos y cómo moverse a través de acciones legales. «Cuando vemos que periodistas y medios son condenados, notamos la fragilidad de estos profesionales que ni siquiera conocen las condiciones para tener una buena defensa jurídica», dice Gasparian. «Muchas veces no son demandados por un interés genuino en una reparación de daños, sino por un deseo casi explícito de avergonzar, de atemorizar».
Para sufragar los gastos de la defensa jurídica, Tornavoz cuenta con distintas formas de financiación, por ejemplo, un proyecto para la defensa de mujeres periodistas financiado por la UNESCO y Google Grants (el brazo social de Google), además de donaciones de particulares. «Puede que no seamos capaces de llevar todos los casos, pero entendemos que la organización ya es una forma de mostrar la resistencia de la sociedad civil», señala la abogada y directora ejecutiva de Tornavoz, Charlene Miwa Nagae. «Si un político quiere demandar a un periodista, sabrá que hay una organización que le hará frente».
Financiar la defensa jurídica es también una opción estratégica: la asociación espera fomentar la formación de profesionales especializados en la defensa de la libertad de expresión en Brasil. «No es un área muy lucrativa y poca gente se interesa en ella. Nuestra intención es contribuir al pago de estos abogados precisamente para que más profesionales se aboquen a esta área», dice Gasparian.
La elección del abogado la hace el cliente y Tornavoz acompaña todo el proceso. La asociación también puede actuar como «Amicus Curiae» o amigo de la corte, que es cuando una institución proporciona argumentos técnicos a los tribunales, contribuyendo a la preservación de los derechos del cliente y al conocimiento de todos los involucrados en el proceso.
Tornavoz también promueve cursos para abogados que quieran especializarse en la materia, y para periodistas. «El uso de determinadas palabras o ironías puede entorpecer una cobertura y hacer que estos profesionales caigan en trampas», explica Gasparian.
Como los recursos son finitos, Tornavoz actúa sobre todo en defensa de los medios de comunicación locales y/o pertenecientes a grupos históricamente marginados, especialmente la población LGBTQIA+, los negros y las mujeres. «Nuestra prioridad es trabajar con personas o pequeños medios digitales que operan en regiones alejadas de los grandes centros y que son esenciales para el ejercicio de la democracia», explica Gasparian. «Precisamente porque son fundamentales, porque ejercen presión sobre las pequeñas ciudades, pueden verse restringidos y llevados a pactar la retirada de sus contenidos».
«Lo que intentamos es ver las decisiones sobre libertad de expresión de forma técnica y pensar en preservar el derecho en sí y no en resolver el problema de polarización que existe hoy en el país», dice Nagae. «Si nos guiamos solo por la polarización, la calidad de las decisiones judiciales también se resentirá».
Quien necesite ayuda sólo tiene que entrar en el sitio web, hacer clic en el botón «solicite su defensa» y rellenar un formulario.
Imagen: Logo de Tornavoz.
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