El periodismo debería ser siempre un ejercicio de precisión. Uno en el que cada dato es contrastado y verificado. Sin embargo, hasta a los mejores se les puede colar un error de información. Y esto no debe traducirse en el temor de que todo el trabajo realizado se desmorone. O que una carrera esté en peligro por reconocerlo. “El esfuerzo del periodista no evitará completamente los errores” debería ser un mantra para aquel que ejerce este oficio.
Cuando se certifica que se ha cometido una equivocación, ¿cuál debería ser el protocolo a seguir?
“El protocolo es el sentido común: reconocer los hechos errados”, comenta el colombiano Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga y uno de los periodistas latinoamericanos más prestigiosos. Para él, se trata de una cuestión de justicia con el afectado y con los lectores. Eso es lo principal. El daño potencial a la credibilidad del autor queda en segundo plano.
El primero en reconocer el error de forma pública debe ser el medio de comunicación, responsable último de la información que se publica en su plataforma. Así, el periodista autor de la pieza no verá un impacto tan potente en su reputación, lo que le permitirá seguir ejerciendo su trabajo con la lección aprendida. Antes de eso, el periodista debe ser transparente con su editor y exponer honestamente qué pasos se hicieron mal.
Algo como esto lo vivió Valencia en carne propia cuando, en 2009, publicó en el periódico digital El Faro un reportaje sobre cómo varios familiares del expresidente Antonio Saca y de su esposa fueron contratados en puestos importantes en el servicio exterior durante su mandato. Valencia contrastó fuentes, revisó documentos y, con eso, confeccionó una pieza en la que reveló esta falta ética.
Pero una de las señaladas en el reportaje, la entonces embajadora de El Salvador en la India, Patricia Figueroa, se contactó con el medio para advertir que, además de que no tenía parentesco con los esposos Saca, sus credenciales la califican profesionalmente para ejercer el cargo. El periodista, antes de publicar, no pudo ponerse en contacto con ella para conocer su versión. Por eso, quitaron el nombre de Figuera y dejaron constancia de que se había cometido la equivocación al pie de la página. Todo eso precedido por esas temibles palabras, “fe de erratas”, y acompañado por una disculpa pública.
“No hacerlo de esta manera es no ser coherentes con nuestro trabajo. Si exigimos transparencia de los funcionarios respecto a sus actuaciones, nosotros también debemos transparentar nuestros errores con nuestros lectores”, dice Valencia, a quien la equivocación se le quedó marcada a fuego para nunca más señalar a una persona con nombre y apellido sin antes hacer todos los esfuerzos a su alcance para conseguir su versión.
Gobernantes populistas y autoritarios abundan en Latinoamérica. Y una de las marcas del populismo y el autoritarismo es declarar a los medios independientes como sus enemigos. Por eso, no dudan en utilizar cualquier cosa a su alcance para atacarlos desde la silla del poder. Y uno de estos elementos podría ser el de un error de información, que puede utilizarse como un arma arrojadiza para, ante la opinión pública, intentar minar la credibilidad de estos medios.
En este contexto, ¿vale la pena dejar constancia de que se ha cometido un error? Para Reyes y Valencia, sí. Pues esta posibilidad no es un elemento a tomar en cuenta en el deber último de dar información de calidad a sus audiencias.
“La información la van a atacar siempre, se haya o no cometido errores”, opina Valencia.
Y esto se hace más notorio en un lugar como El Salvador, donde casi nunca un funcionario responde a los señalamientos de un periodista, por más esfuerzos que este haga para conocer su versión. Las respuestas vienen después de la publicación, pero señalando al medio o al reportero, no a la información publicada. En ese país, existe una ley especial de rectificación y respuesta. Pero ningún funcionario señalado en algún reportaje de investigación ha hecho uso de esta herramienta, como lo señala el expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga.
El reconocimiento de un error también es una muestra de respeto con el oficio de informar, un servicio público de vital importancia. Así lo expone un artículo del Consultorio de Ética de la Fundación Gabo, que lo compara con el servicio de agua potable de una ciudad: “Así como en el caso de una contaminación del acueducto es clara la obligación de la empresa de advertir a la población y de proveer agua no contaminada. En el servicio de información es un deber, sin duda alguna, advertir a los receptores sobre el error y, luego, suministrar la información verdadera”.
Imagen de Michael Dziedzic en Unsplash.
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