Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó en el auditorio de la Universidad Jaime Bausate y Mesa (UJBM) un taller de prevención contra el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito universitario con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad bausatina sobre la violencia contra la mujer, y el fortalecimiento de la prevención.
Según el informe de violencia contra las mujeres del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), seis de diez mujeres de 15 a 49 años sufrieron agresiones por su esposo o compañero en el 2021, de las cuales el 50.8% sufrió violencia psicológica, el 26.7% padecieron de ataques físicos y un 5.9% fueron afectadas sexualmente.
La obstetra especializada en prevención del tema abordado María Atoche resaltó la importancia del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Aurora, que trabajan desde hace más de 20 años contra los casos de violencia sexual desde la precaución.
“Es política del Estado peruano atender estos casos, pero no solamente la atención porque es como una bola que va creciendo si solamente atendemos, lo importante es llegar antes de que sucedan estos hechos”, resaltó.
Por ese motivo y para que la comunidad de la Universidad Jaime Bausate y Mesa sepa qué normativas se usan para protegerse del acoso y el hostigamiento sexual se ofreció la conferencia.
La especialista en temas de prevención resaltó que las mujeres de 11 a 49 años son las principales víctimas en casos de violencia. En ese sentido, de los 154.202 casos de violencia registrados en 2022 el 87% fueron mujeres (133.436), de las cuales seis de cada nueve tenían entre 18 a 59 años, de acuerdo con el informe Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 2022 del Centro Emergencia Mujer.
Por su parte, el coordinador del Centro Emergencia mujer en Lima Cercado Orlando Julca Rosales alertó que en la cotidianidad se suele normalizar conductas que afectan las libertades de las mujeres.
“Si un varón no piropea, ni silva, no se queda mirando un poquito a la brasa, el resto de la manada lo va a catalogar como raro, y cómo no queremos sentirnos raros participamos de lo que hace el resto de la manada”, expresó.
En ese sentido, el Estado ha establecido un conjunto de leyes que desanimen estos comportamientos, como la 1410-2018 que define y sanciona los actos de acoso.
El acoso sexual contra las mujeres, registrado principalmente en el espacio público afecta derechos fundamentales como la integridad y afecta la vida de la víctima que puede experimentar alteraciones psicológicas.
El delito, que se presenta cuando una persona hostiga a otra sin su consentimiento para cometer actos de connotación sexual, tiene una condena de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación; es decir, de haber estudiado alguna profesión no la podrá ejercer.
Las penas varían dependiendo del tipo de acoso y de la relación entre la víctima con el agresor. Por ejemplo, si el acusado fue pareja, conviviente o esposo de la agraviada recibiría la pena máxima más la mitad; si la pena mayor era de seis años el imputado tendría esa cantidad más tres en prisión.
Julca Rosales destacó también el delito de difusión de materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Según el artículo 154 – B del Código Penal, quien difunda contenido como el anteriormente mencionado, enfrenta cargos de dos a cinco años en prisión y, de la misma forma que en el caso previo, la pena aumenta si la víctima mantuvo una relación con el agresor.
La psicóloga complementaria del Centro Emergencia de Lima Cercado Juliana Ortega, informó que el objetivo del Estado no es solo que la víctima interponga una denuncia, sino que identifique la situación de violencia y tome la decisión de alejarse del agresor,
Sostuvo que el ministerio ofrece el acompañamiento legal, psicológico, así como social en estos casos.
El director de la Escuela Profesional de Periodismo, licenciado Mario Gonzales Ríos, agradeció la capacitación brindada por personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que contribuyen a la reducción significativa de los casos del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito universitario.
