Desde 2014, el gobierno ha acusado al menos a 15 periodistas bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA, por sus siglas en inglés), también conocida como ley antiterrorista. Durante ese periodo, 36 trabajadores de los medios han sido encarcelados en el país.
Las encuestas pronostican una victoria del actual primer ministro Narendra Modi y del BJP, por lo que expertos advierten que el gobierno se servirá aún más la UAPA y de otras leyes para atacar a los medios independientes tras las elecciones.
En marzo pasado, la policía india presentó cargos contra NewsClick, un sitio independiente conocido por su postura crítica hacia el gobierno, y contra su fundador, Prabir Purkayastha, alegando que la publicación recibía dinero del extranjero para publicar propaganda prochina.
Los cargos se presentaron tras una redada realizada en octubre de 2023 por la policía especial de Delhi en las oficinas de NewsClick y en los domicilios de varios de sus trabajadores. Purkayastha fue arrestado en virtud de la UAPA, que permite la detención sin juicio ni cargos durante un máximo de 180 días.
Purkayastha se suma a por lo menos otros ocho periodistas encarcelados bajo la UAPA de acuerdo con The Free Speech Collective, que monitorea y documenta violaciones del derecho a la libertad de expresión en India. Decenas de periodistas también han sido fichados por otros cargos penales.
«Lo que más me asombró fue que la policía confiscara dispositivos electrónicos personales, incluyendo computadoras portátiles, teléfonos móviles, pen drives y discos duros, de unos 90 periodistas y aún no los devuelva, incluido el mío», cuenta Paranjoy Guha Thakurta, realizador y periodista de NewsClick.
Thakurta es conocido por sus investigaciones sobre los negocios del magnate multimillonario Gautam Adani, estrechamente vinculado al Primer Ministro Modi. Adani ha interpuesto varias demandas por difamación contra el periodista.
Tras las redadas en NewsClick, Thakurta declaró que el Departamento de Impuestos del país congeló sus cuentas bancarias, lo que impidió al medio pagar a sus 45 empleados y 15 asesores, incluido Thakurta, durante cinco meses.
En febrero de 2023, se llevó a cabo una redada similar en las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y Bombay, tres semanas después de que la cadena emitiera un documental sobre el papel de Modi en los disturbios de Gujarat de 2002, que causaron la muerte de más de 1.000 personas, en su mayoría musulmanes. Posteriormente, el gobierno prohibió la emisión del documental en India.
«Esto se hace para enviar un mensaje a otros medios de comunicación», dice Thakurta.
Leyes contra periodistas
La ley UAPA lleva vigente más de 50 años, pero en 2019 el BJP la modificó, otorgando a las autoridades la capacidad de declarar «terrorista» a una persona antes de que se demuestre ningún delito ante un tribunal. Una enmienda de 2022 a la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero es otro ejemplo de legislación convertida en un arma contra los periodistas, dijo Thakurta.
«Estas leyes están en vigor desde hace tiempo. Pero la forma en que se han modificado en los últimos tiempos las ha convertido en armas que se utilizan aleatoriamente contra periodistas, opositores políticos y activistas sociales».
Las incautaciones de aparatos electrónicos en virtud de la UAPA suponen otro motivo de preocupación, ha dicho Kunal Majumder, representante en India del Comité para la Protección de los Periodistas. «Que la policía tenga acceso a la información de los periodistas es también una clara amenaza para su privacidad digital», dijo. «La práctica de confiscar dispositivos aumenta el riesgo de que se planten pruebas falsas contra los periodistas, lo que repercute en su capacidad para llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias».
Las redadas y detenciones han dejado a muchos periodistas indios dudando de seguir informando en el actual clima político.
«No sé cómo seguir. Como único sostén de mi familia, perder mi trabajo tras ser encarcelado supuso un importante esfuerzo económico», dice Siddique Kappan, periodista independiente fue detenido bajo la UAPA en octubre de 2020 mientras informaba sobre un caso de violación en grupo y asesinato de una joven dalit en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India. Kappan fue detenido por conspiración para incitar a la violencia y sedición, y luego acusado de lavado de dinero, cargos que niega.
En febrero de 2021, el Tribunal Supremo concedió a Kappan cinco días de libertad provisional para visitar a su madre enferma, con la condición de que no se reuniera con nadie que no fueran familiares y médicos. Sin embargo, no pudo asistir a la extremaunción de su madre, que falleció en junio de ese mismo año. «Aún no he superado el desgaste emocional que supuso perder a mi madre mientras estaba en la cárcel», dice.
La UAPA dificulta la obtención de libertad bajo fianza, señala Majumder: «Con disposiciones que permiten hasta seis meses de custodia, prorrogables, los periodistas se suelen encontrar atrapados en un limbo legal tras su detención».
Kappan salió de la cárcel en febrero de 2023, tras pasar 846 días entre rejas. A pesar de su red profesional, le ha costado encontrar trabajo. «Creo que mi experiencia es un ejemplo de la peligrosa tendencia a silenciar la disidencia mediante acusaciones infundadas en la India actual», señala.
Desafíos por sortear
Para el periodista de investigación Josy Joseph, a los medios y a los periodistas que se esfuerzan por seguir informando en India les esperan años difíciles.
La falta de transparencia y de escrutinio está propiciando un entorno en el que organismos gubernamentales como la Dirección de Ejecución, la Oficina Central de Investigación y el Departamento del Impuesto sobre la Renta están habilitados para acosar, intimidar y detener a periodistas.
«Solo durante el estado de excepción [de 1975 a 1977] vimos este tipo de ataques», explica Joseph. «La escala a la que el gobierno actual está atacando a los periodistas es ciertamente menor que entonces, pero es repetitiva y no tiene precedentes en un país democrático como India».
Y suma una advertencia: «Si Modi vuelve al poder, los medios independientes tendrán que unirse para seguir informando libre y críticamente».
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