Cuando aparece el nombre de un sospechoso en la cobertura de un crimen, su vida puede romperse sin remedio.
Durante años, muchos han rogado a la agencia de noticias Associated Press, conocida como «AP», que elimine ese tipo de revelaciones de sus archivos. Algunas de esas peticiones «eran desgarradoras», cuenta John Daniszewski, vicepresidente de estándares de AP, quien contribuyó a encabezar la nueva política del servicio mundial de noticias.
Reconociendo que el periodismo puede infligir heridas innecesarias, AP ya no nombrará a los detenidos por delitos menores cuando sea poco probable que el servicio de noticias cubra la evolución posterior del tema. A menudo, se trata de artículos con visos de entretenimiento en los que los nombres son irrelevantes. Sin embargo, las ramificaciones pueden ser hondas y duraderas para las personas nombradas.
La cantidad de detalles que los periodistas estadounidenses incluyen en una noticia sobre un crimen depende de su interés periodístico, de acuerdo con nuestra investigación. Una noticia menor puede basarse únicamente en un informe policial. Una historia grande, del tipo de las que se comentan en la tertulia, puede incluir entrevistas con conocidos e indagaciones en el pasado de la persona. Tanto si la historia es grande como pequeña, la mayoría de los relatos incluyen la identificación completa del acusado en la prensa estadounidense.
«Recibí una carta muy conmovedora de un hombre que, siendo estudiante universitario, se había visto involucrado en un delito financiero», recordó Daniszewski en una entrevista con nosotros, ambas estudiosas de la ética de los medios de comunicación. Cuando salió a la luz una noticia sobre el incidente, el joven perdió amigos. Incluso su futuro matrimonio estuvo en peligro hasta que pudo convencer a su prometida y a su familia de que había aprendido de su experiencia y no era un villano incorregible.
Para otros, las historias de sus presuntos delitos aparecían en las búsquedas de Google 10 o 15 años después del incidente, incluso si nunca fueron condenados o los tribunales habían eliminado los antecedentes penales. Daniszewski cuenta que varias de las personas que hicieron solicitudes a la AP habían sido arrestadas por delitos menores de drogas, como pequeñas cantidades de marihuana, pero la cobertura de esos delitos les impedían conseguir trabajo, alquilar apartamentos e incluso conocer gente en aplicaciones de citas.
Associated Press, la mayor agencia de noticias estadounidense, fue fundada en 1846. Es una empresa cooperativa entre cuyos miembros se encuentran la mayoría de los principales medios de comunicación estadounidenses y muchos de otros países.
La nueva política de AP señala un giro en la cultura de Estados Unidos, tomando algo de distancia de la práctica tradicional de «contarlo todo» sobre los crímenes, y acercándose un poco a la empatía hacia los delincuentes que muestran los periodistas de algunos países europeos.
Entrevistamos a casi 200 periodistas y expertos en medios de comunicación de 10 países de Europa Occidental y Norteamérica para nuestro libro «Murder in Our Midst: Comparing Crime Coverage Ethics in an Age of Globalized News». Descubrimos diferencias significativas en las prácticas periodísticas, a pesar de las similitudes en las instituciones y valores democráticos de estos países.
Los códigos deontológicos de los consejos de prensa de Alemania, Holanda y Suecia animan a proteger la identidad tanto de los sospechosos como de los condenados. Estos códigos son en gran medida voluntarios y permiten a cada medio de comunicación tomar decisiones caso por caso, pero la elección por defecto es no identificar.
En esos países, los periodistas no revelan los nombres completos de los detenidos, ni siquiera de los condenados por delitos, salvo en algunos casos donde el personaje es público o en delitos de especial interés público. En su lugar, las noticias llevan solo las iniciales o un nombre y una inicial del apellido.
Desde 1973, los tribunales alemanes han ordenado que las noticias se abstengan de identificar a los reclusos a medida que se acerca su salida de prisión para permitir su «resocialización» y su «derecho a la personalidad» o reputación.
Cuando le preguntamos a una editora de ANP, el homólogo holandés de AP, por qué no publicaban nombres, hizo una pausa y luego dijo: «¿Y si tiene hijos? Esos hijos no han hecho nada malo», pero se verían irremediablemente perjudicados al ser etiquetados como hijos de un criminal.
Si bien los periodistas alemanes, holandeses y suecos expresaron una preocupación similar por las familias, también dijeron que querían preservar la presunción de inocencia de los acusados y la posibilidad de reanudar una vida productiva para los condenados.
Cuando la editora holandesa se enteró de la cantidad de detalles profundamente personales que los periodistas estadounidenses suelen publicar sobre los detenidos, se quedó boquiabierta ante algo que considera cruel y poco ético. «¿Por qué hacerle eso a alguien?», preguntó.
La mayoría de los profesionales estadounidenses que entrevistamos lamentan el daño que causan sus revelaciones, pero consideran la práctica como un daño colateral. A sus ojos, su primera obligación es vigilar el accionar de la policía y el gobierno. Consideran que el público tiene derecho a la información y que nunca se debe confiar a la policía el poder de realizar detenciones no reveladas. Este compromiso es mucho más profundo en Estados Unidos que en Holanda, donde hay una mayor confianza hacia el gobierno.
Daniszewski nos dijo que la ética de vigilancia es muy importante en AP. Sin embargo, tal y como se desprende de nuestra investigación, la ética y las prácticas periodísticas están arraigadas en la cultura. Y el «zeitgeist» estadounidense en torno a la justicia penal está cambiando, señaló Daniszewski.
En 2018, el Plain Dealer de Cleveland consideró peticiones para eliminar algunos artículos de sus archivos. La iniciativa Fresh Start del Boston Globe hizo algo similar este año. Se trata de pequeños pasos si se comparan con la garantía de la Unión Europea de que los ciudadanos tienen «derecho al olvido» al eliminar al menos algunas historias humillantes de los archivos de los motores de búsqueda.
Periodistas de los 10 países investigados coinciden en que el público necesita saber si sus funcionarios políticos son acusados de delitos relacionados con su trabajo.
La mayoría de los periodistas de la muestra coincidieron en que, cuando un político o una celebridad son acusados de haber cometido un delito grave, como un accidente con fuga, la prensa debe dar nombres. La prensa también debe señalar, según los periodistas, cuando los delitos políticos afectan al bienestar público.
Sin embargo, los reporteros holandeses y otros suelen hacer la vista gorda cuando las celebridades o los funcionarios políticos son acusados de violencia doméstica o acoso sexual, que consideran indiscreciones privadas. Los periodistas estadounidenses son más propensos a considerar tales acusaciones como noticias.
En los Países Bajos, Suecia o Alemania, los particulares que cometen delitos, incluso los de mayor envergadura, rara vez se identifican en las noticias principales, a pesar de que esos nombres están en el registro público con la posibilidad de ser revelados por los tabloides y los sitios web. Una de las razones: «Creemos que todo el mundo merece una segunda oportunidad», dijo Thomas Bruning, jefe del sindicato de periodistas holandés.
¿Se impondrá un sentimiento similar en Estados Unidos?
En Estados Unidos se encarcela a los delincuentes en lugares que llamamos «penitenciarías», dijo Daniszewski, es decir, lugares para el arrepentimiento. El término pareciera sugerir que llegará el perdón, pero en realidad los delincuentes son estigmatizados de por vida, dijo.
AP no tiene la intención de endulzar la cobertura de delitos graves ni la corrupción. Pero al hablar de la nueva política de AP, Daniszewski dijo: «Pensamos que si podemos hacer menos daño y dar a la gente una segunda oportunidad, será para bien».
Maggie Jones Patterson es profesora de periodismo de la Universidad de Duquesne, y Romayne Smith Fullerton es profesora asociada de estudios de información y medios de comunicación de la Universidad de Western.
Este artículo fue publicado en The Conversation bajo licencia Creative Commons.
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